En julio de 2026 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el informe con el que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó cómo han implantado la zona de bajas emisiones los treinta municipios andaluces de más de 50.000 habitantes.

Son 103 páginas, está en el boletín oficial y casi nadie lo ha leído. Es el segundo informe de este tipo que encontramos, después del de la Cámara de Cuentas de Madrid, y llega a una conclusión muy parecida por su cuenta.

Diez de treinta

El dato está en la conclusión 21, y no necesita adorno:

A 31 de marzo de 2025, únicamente 10 de los 30 municipios de población superior a 50.000 habitantes contaban con una ZBE establecida, lo que representa un 33,33 %.

Los diez con zona establecida: Almería, Córdoba, Linares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla.

Los veinte sin ella: El Ejido, Roquetas de Mar, Algeciras, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Granada, Motril, Huelva, Jaén, Benalmádena, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Utrera.

Varios de esos veinte ya no están en la misma situación, y el informe lo dice en sus notas a pie: Cádiz aprobó su ordenanza el 30 de diciembre de 2025 y la publicó el 26 de mayo de 2026; Jerez, el 25 de julio de 2025, publicada el 3 de septiembre; Motril la publicó el 10 de abril de 2025; San Fernando, el 19 de febrero de 2026; y La Línea de la Concepción alegó que su zona está operativa desde finales de abril de 2025.

Y uno fue en dirección contraria: el Pleno de Sanlúcar de Barrameda rechazó el 22 de septiembre de 2025 aprobar inicialmente su ordenanza.

Tener zona no es tenerla funcionando

La distinción es la misma que encontró el informe madrileño, y aquí se repite casi en la misma proporción.

De los diez con zona establecida, siete la tenían en funcionamiento: Almería, Córdoba, Linares, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra y Sevilla. Fuengirola tenía fecha prevista, y Estepona y Dos Hermanas no habían fijado ninguna.

Y tenerla funcionando no es multar

Esta es la cifra que de verdad cambia la foto, y está en el apéndice A19 del informe:

A 31 de marzo de 2025, la única ZBE que está imponiendo sanciones era la de Sevilla, que ha registrado un total de 1.509 sanciones desde su establecimiento.

Municipio¿Multaba a 31/03/2025?DesdeSanciones
SevillaSí01/07/20241.509
AlmeríaNo consta imposición01/01/20250
MálagaNoFecha de inicio: 01/12/2025
Córdoba, Linares, Torremolinos, Alcalá de GuadaíraNo consta

De Almería el informe añade el porqué, y es desarmante: a 31 de marzo de 2025 no tenía activados los sistemas de tratamiento de imágenes de matrículas. Sin eso no hay expediente que abrir. La Policía Local alegó que casi todos los vehículos que circulan por dentro son de categorías de libre acceso.

Ninguna llegó a tiempo, salvo Sevilla

El informe compara la fecha de entrada en vigor de cada norma con el plazo del artículo 14.3 de la Ley 7/2021, que era antes de 2023:

MunicipioNorma en vigor desde
Sevilla15/07/2022
Córdoba18/02/2023
Estepona07/09/2023
Almería31/12/2023
Dos Hermanas22/03/2024
Linares26/11/2024
Málaga30/11/2024
Torremolinos18/12/2024
Alcalá de Guadaíra19/12/2024
Fuengirola21/01/2025

De la información analizada se desprende que todas las normas reguladoras, excepto la del Ayuntamiento de Sevilla, entran en vigor con posterioridad al plazo establecido en el artículo 14.3 de la LCCTE.

Málaga, la única impugnada

Hay una frase del informe que conviene leer entera porque afecta a la ciudad andaluza con más búsquedas:

Asimismo, a 31 de marzo de 2025, la única ZBE que se encontraba impugnada judicialmente era la del Ayuntamiento de Málaga, sin que se haya resuelto el procedimiento judicial a fecha de elaboración de este informe.

Lo que ha pasado después con ese procedimiento lo contamos, con las cautelas que hacen falta, en la ficha de Málaga.

Dos ordenanzas que nunca se adaptaron al reglamento estatal

El Real Decreto 1052/2022 dio dieciocho meses a las ZBE ya aprobadas para adaptarse a él. El informe señala que dos no lo hicieron:

  • Sevilla, que aprobó su norma antes de que existiera el reglamento. A la fecha del informe no había hecho la adaptación, aunque sí aprobó un proyecto técnico de implantación el 20 de marzo de 2026, publicado el 25.
  • Córdoba, cuya ordenanza es de enero de 2023, posterior al reglamento, y tampoco se adaptó. El Ayuntamiento alegó que su ZBE no tiene proyecto técnico porque su delimitación coincide con la zona ACIRE que ya existía, con sus estudios previos.

El informe concluye que «los proyectos o estudios técnicos realizados por estos municipios para implantar su ZBE no se ajustan, en su mayor parte, al contenido establecido en este Real Decreto 1052/2022».

Esto no es una curiosidad administrativa. Es exactamente el tipo de defecto por el que los tribunales han ido anulando ordenanzas, y lo contamos en las zonas de bajas emisiones anuladas por los tribunales.

Cuánto ha costado

El informe cifra lo adjudicado por los ayuntamientos que establecieron su ZBE en 46.697.163 euros, con una media de 5.188.574 euros por municipio, financiado en buena parte con fondos europeos y convocatorias estatales.

Y añade una pega: no en todos los casos existe una cuantificación completa del coste, ni una evaluación que relacione lo invertido con el grado de implantación y los resultados.

Nadie ha medido si funciona

Es la conclusión más incómoda del informe, y vale la pena citarla porque afecta al debate entero:

  • A 31 de marzo de 2025, ninguna entidad había emitido informes de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos con los que creó su zona.
  • Solo dos de siete disponían de información sobre las mediciones de contaminantes con valores límite. Las otras cinco desconocen esos valores.
  • Ningún ayuntamiento había hecho estudios de opinión con la ciudadanía después de implantarla. Málaga tenía uno en marcha con la Universidad de Málaga.
  • Linares, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra y Sevilla manifestaron desconocer si superaban los valores límite de contaminantes antes de implantar la zona.

Dicho de otra forma: se han gastado 46 millones de euros en unas zonas cuyo efecto nadie ha medido todavía.

También hay una conclusión en la otra dirección, y es justa decirla: no se ha adoptado ninguna medida que supusiera una regresión de las zonas ya implantadas, que es lo que el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 condiciona a un informe previo del órgano autonómico de medio ambiente.

Qué recomienda

Entre las recomendaciones de prioridad alta, tres resumen el informe:

  • Medir antes de empezar: establecer una línea base documentada con los valores históricos de contaminantes y de tráfico, para poder comparar después.
  • Arreglar lo que está mal hecho: garantizar que los proyectos de las ZBE en vigor se ajusten plenamente a la normativa.
  • Y a los veinte que no tienen: articular los procedimientos necesarios para impulsar su establecimiento.

Por qué esto importa fuera de Andalucía

Porque ya son tres instituciones distintas mirando lo mismo y encontrando lo mismo.

El Defensor del Pueblo dictó once recomendaciones a ayuntamientos obligados, y está contado en qué municipios están obligados a tener ZBE. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid encontró que diez de veinticuatro municipios madrileños tenían zona vigente, en su propio informe. Y ahora la de Andalucía encuentra diez de treinta.

Las tres fiscalizaciones se han hecho en coordinación con el Tribunal de Cuentas, dentro de una fiscalización conjunta sobre la implantación de las ZBE por las entidades locales. Tres territorios, tres órganos, y la misma conclusión de fondo: la obligación venció antes de 2023 y el cumplimiento va muy por detrás.

De dónde sale todo esto

Del «Informe de fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de población superior a 50.000 habitantes», aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía el 18 de junio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 140, de 22 de julio de 2026, por Resolución de 14 de julio de su presidente.